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Avanzar en el cumplimiento  de los  Derechos Sexuales y Reproductivos para el 2030, una prioridad para la región

Para que lograr un avance significativo en materia de derechos a la salud sexual y reproductiva,  en la Agenda 2030, es necesario trabajar sistemáticamente en una estrategia  que involucre a tres de los objetivos de desarrollo sostenible ODS, de los 17 acordados recientemente por los Estados;  el de salud y bienestar; el de educación integral con enfoque de derechos humanos y, el de igualdad de género, así como fijar una serie de indicadores que permitan evaluar los avances y resultados obtenidos en los diferentes países.  Estas son algunas de las conclusiones planteadas en el hangout “juventud, salud sexual y reproductiva, sin discriminación” realizado por el Comité Interagencial de Juventud de las Naciones Unidas y Juventud con Voz, en desarrollo de la campaña “Necesitamos de Voz, necesitamos tu Voz”.

El encuentro on line contó con la participación de Pamela Martín García, de la Fundación Salud Adolescente y Centro de la Mujer CEDEM de Argentina. Igualmente, participó Mayra Samaniego  de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes RedLac; José Roberto Luna, especialista de juventud de UNFPA Guatemala, y en la moderación, Aleida Patarroyo de Juventud con Voz.

De cara a la Agenda Global, José Roberto Luna enfatizó que, si bien los objetivos de Desarrollo son interdependientes, hay tres que llevan línea directa (el de salud sexual y reproductiva, el de educación integral y el de género) que pueden ser la sombrilla  para que los Derechos Sexuales y Reproductivos puedan avanzar tanto en legislación en los países de América Latina (en los que aún el tema está pendiente), como en la implementación de los marcos jurídicos nacionales y protocolos y acuerdos internacionales. Y señaló además que, si bien el Consenso de Montevideo coloca a América latina a la vanguardia de los acuerdos, el tiempo la enfrenta con realidades dispares que precisan de urgente solución.

Reconocer los Derechos Sexuales y Reproductivos como parte integral de los derechos humanos, no sólo es indispensable para asegurar un desarrollo equitativo en la región, sino que constituye un imperativo para salvar vidas, teniendo en cuenta que alrededor de 70.000 adolescentes mueren al año en países en desarrollo por causas relacionadas con el embarazo y el parto; a lo que hay que sumarle el hecho de que las complicaciones del embarazo y el parto representan también  la principal causa de muerte en mujeres adolescentes mayores.

Por su parte, Pamela Martín García, manifestó que los Estados  hoy en día tienen instrumentos valiosos, y uno de ellos, es precisamente el Consenso de Montevideo, tanto en medidas prioritarias, como el contenido mismo de todo el enfoque de derechos; sin embargo, argumentó que se presentan situaciones particulares como en el caso de Argentina, que cuenta con toda las jurisprudencia y el marco legal en el tema, pero con una implementación precaria de la ley que apenas  va en un 30%.

Por su parte, Mayra Samaniego de la RedLac, señaló que para dar cumplimiento a los objetivos trazados en el tema de Salud Sexual y Reproductiva, es importante establecer indicadores que sirvan para medir efectivamente los resultados y avances que se alcancen en los países. De igual manera, llamó la atención sobre el rol que pueden jugar las organizaciones de jóvenes tanto a nivel local, nacional e internacional, en su propósito de apropiarse de las herramientas con las cuales puedan tener incidencia en sus gobiernos  y con tomadores de decisión para convertir los Derechos Sexuales y Reproductivos en una prioridad regional.

Sí logramos hacer que la generación actual se vincule a más organizaciones e incida realmente en procesos de esta naturaleza, podría  lograr, post  2030, convertirse en una generación de jóvenes y adolescentes  que cuente con una historia mejor, finalizó José Roberto Luna.


Conclusiones

  • Trabajar en incidencia para que se avance en la implementación de políticas públicas.
  • Promover la vinculación de  más jóvenes y de las organizaciones juveniles en el tema de Salud Sexual y Reproductiva.  
  • Es importante  ahondar en  el análisis, porqué se presenta un descenso en el embarazo de mujeres en la región, cosa que no ocurre con las adolescentes.
  • Crear indicadores que permitan el monitoreo de avances y situación de los países. Esto permitirá optimizar resultados hacia el 2030.
  • Implementar en las políticas de educación, la educación integral  que incluya la Salud Sexual y Reproductiva. Sin educación no hay avances.
  • En América Latina y El Caribe hay una oportunidad que es clara para invertir en juventud, teniendo en cuenta el bono demográfico que es histórico.
  • La pobreza, desempleo,  el acceso educación de calidad laica y gratuita, la discriminación que se vive desde los ámbitos públicos y privados, son barreras que persisten contra  los jóvenes de la región.
  • Persiste igualmente el rechazo y la discriminación contra los y las jóvenes cuando solicitan información sobre Salud Sexual  y Reproductiva, al igual que con las personas trans y con la población LGBTI.
  • Debe haber personal capacitado que pueda atender las demandas de los jóvenes y ofrecer la información adecuada sobre Salud Sexual y Reproductiva.
  • Continúa pendiente  en algunos países el acceso a métodos anticonceptivos, así como a un aborto legal y gratuito.
  • El uso del  lenguaje  sobre Salud Sexual y Reproductiva es clave para la construcción de un nuevo modelo de aplicación de derechos,  así como la difusión  y promoción de la información.
  • La sombrilla más fuerte es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo,  que es el de mas avanzada en el mundo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos,  especialmente en su guía operacional que es una bandera  para ayudar en el avance de estos derechos.
  • A veces las interpretaciones legales se usan para evitar que se garanticen derechos a los jóvenes, y se crean barreras culturales y de género que pesan a la hora de las demandas insatisfechas de los jóvenes.
  • Es necesario trabajar en incidencia para cumplir las metas. Y trabajar directamente con los Estados para la implementación del Consenso de Montevideo.
  • Las políticas de juventud no pueden ser tratadas al margen de las juventudes.
  • Es necesario elaborar materiales  sobre los acuerdos, tratados, resoluciones, y acercarse y sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos quienes muchas veces desconocen sobre la normatividad.