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A más participación juvenil y ciudadana menor riesgo de corrupción

Aunque pareciera no existir un antídoto definitivo contra la corrupción, más allá de que el mundo ideal funcionara con dirigentes honestos (públicos y privados), e instituciones públicas pulcras que impartieran oportuna justicia frente a la corrupción y unas empresas privadas que no pagaran sobornos para ganar contratos y, sobre todo, una ciudadanía con valores, informada, que ejerciera control social y exigiera rendición de cuentas, si así fueran las cosas, el mundo no solo se estaría ahorrando el 5% del PIB que hoy día se gasta en corrupción, sino que tendría de lejos más desarrollo, sería más justo, equitativo y muchísimo menos pobre.

La corrupción y el rol de los jóvenes para frenar y transformar esta cultura fueron tratados en el hangout sobre “juventud, transparencia y auditoria social” el pasado 2 de diciembre, organizado por el Comité Interagencial de Juventud y Juventud con Voz. En él participaron, Rosario Pavese de Poder Ciudadana-capítulo Argentina de Transparencia Internacional, Nathaly Ramírez, de la Red Prólogo,  Mario Ruiz Soto, de PNUD_Colombia, Linda Criollo, de la Organización  Los Incorruptibles; contó además, con la moderación  de Adriana Ballestín, oficial del  Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro  Regional del PNUD.

Contextualizando sobre el tema, Adriana Ballestín  señaló cómo en los últimos años los ciudadanos latinoamericanos han estado reclamando instituciones más receptivas en relación a la toma de decisiones, monitoreo  y evaluación de sus actividades. Esto ha llevado a que la gente esté demandando permanentemente que los gobiernos sean más abiertos  y mejoren su capacidad de respuesta frente a la ciudadanía y, en este proceso, que los mecanismos de transparencia  y rendición de cuentas actúen generando esferas de confianza entre institucionalidad, sector privado y sociedad civil. Señaló igualmente, que el papel del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática  es a través de la auditoria social.

En este sentido, Mario Ruiz planteó que uno de los primeros retos es fortalecer el sistema educativo, refriéndose no solo al hecho de recibir conocimientos, sino de aprender cómo, a través  del rol del ciudadano en ejercicio de la función pública, se obtienen mejores ciudadanos, capaces de imponer y trazar lineamientos sobre la lucha contra la corrupción así como de ejercer la sanción social frente a este tipo de hechos.

En tanto, Nathaly Ramírez, explicó por que considera que las prioridades son hacer énfasis en los valores desde los jóvenes y ciudadanos, y en promover espacios de participación no solo para manifestarse en contra de la corrupción, sino también para dar apertura a la auditoria social y a la rendición de cuentas.

En ese mismo sentido, Linda Criollo manifestó que los jóvenes pueden ser activistas centrales de estos procesos, trabajando de manera articulada con diferentes iniciativas que les permitan informar sobre las dinámicas y prácticas de la corrupción a los ciudadanos, a través de medios alternativos de comunicación  y de redes sociales.

Rosario Pavese, destacó a su vez, el rol y la importancia de los medios de comunicación en el seguimiento a procesos de rendición de cuentas y denuncias de actos de corrupción  en alianza con las organizaciones de sociedad civil.

Durante el hangout otro tema que fue abordado por los panelistas fue el relacionado con los altos  costos que se han registrado últimamente en la financiación de las campañas políticas, lo que ha venido afectando cada vez más los procesos participativos, en claro desmedro de la democracia limitando la participación de nuevos lideres y las aspiraciones políticas de muchos, especialmente de los jóvenes.

Este fenómeno genera sin duda corrupción y malas practicas que involucran al sector privado que, además de limitar una mayor participación en la política, cierra también el paso a que más empresas participen en los procesos de contratación, ya que, normalmente, sí los privados financian campañas políticas, esperan dádivas o contratos a cambio de su colaboración con los gobernantes electos. Según datos del PNUD Colombia, al sector  privado le cuesta 10% más de sus recursos hacer negocios por cuenta de la corrupción.  

Finalmente se insistió en la necesidad de una justicia más estricta frente a casos de corrupción relacionadas con el erario público.

A continuación presentamos  las conclusiones  del hangout:

  • Fortalecer el sistema educativo a través del rol ciudadano que tienen los jóvenes en el ejercicio de la función pública.
  • Es necesaria la sanción  social frente a hechos de corrupción.
  • La importancia de hacer  alianzas con medios de comunicación  para hacer seguimiento y denuncia frente a hechos de corrupción.
  • Promover espacios y vincular a más jóvenes  para que participen  de manera articulada en auditoria social, exigir y movilizarse contra la corrupción.
  • Los costos de financiación de las campañas políticas, limitan la participación de  nuevos lideres  y de  los jóvenes  en la escena política.
  • Es necesaria la participación  de los jóvenes en la política.
  • En las campañas políticas es necesario hacer procesos de seguimiento y monitoreo sobre la financiación en cada uno de los países de la región y exigir cuentas claras.
  • Exigir sanciones a quienes se pasen de los topes de campañas y promover  compromiso de los partidos  sobre los topes de gastos en las campañas políticas.
  • A mayor participación de los jóvenes, menor es el riesgo de que las mafias políticas capturen el poder.  Si se incentiva la participación, la franja de  los jóvenes juega un rol muy importante.
  • Hacer campañas de concientización dirigida a la ciudadanía sobre la importancia  y las ganancias para la  sociedad  de romper la cultura de la corrupción.
  • Los gobernantes deben informar sobre el gasto y la inversión que hacen con los recursos públicos y hacerles entender que a cuentas claras mayor confianza de sus votantes y ciudadanos.
  • Fortalecer el sistema judicial y hacer conciencia a los funcionarios judiciales de la independencia de la justicia frente a los gobernantes y a los partidos políticos.
  • El sector privado  debe asumir su responsabilidad frente al tema de la corrupción y frente a las implicaciones que tiene en la ejecución  de recursos públicos, las connotaciones de cara a los ciudadanos y a la sociedad en general  y en relación con los efectos que tiene  incluso para el mismo sector privado al ser solo algunos pocos los que participan de la inversión estatal.
  • Hacer auditorías visibles  frente a las obras de infraestructura, es una buena práctica desde los ciudadanos y las organizaciones civiles (saber cuál es el  impacto de la obra, en cuánto tiempo se construye, el proceso de ejecución) y promover y hacer  encuentros antes, durante y después de la obra entre gobernantes, sector privado y ciudadanía.